Mérida, Yucatán, 8 de junio de 2017.- Luego de varios días de investigación sobre el presunto ataque a las calles de Mérida, ahora fue el chofer del presidente municipal del PAN Jesús Pérez Ballote, quien lo echó de cabeza al declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como testigo de las amenazas y extorsión que sufrió el señor Roger Moo,para obligarlo a declarar sobre el daño a las calles e involucrar a un funcionario estatal.
En el proceso de investigación que sigue la FGE, el pasado martes fue citado a comparecer Christopher Guillermo Rubio Herrera, chofer de Pérez Ballote desde hace siete años, quien aseguró que estuvo presente cuando se amenazó y extorsionó al señor Roger Moo por parte de Pérez Ballote.
Aseguró que Pérez Ballote obligó a Roger Moo a leer un escrito con la promesa de que le daría dinero posteriormente, y en la lectura señalaba sobre el el daño a las calles e involucraba a un funcionario estatal.
Dijo que cuando se terminó de grabar el audio obligado, su jefe Pérez Ballote, le pidió que se trasladaran al parque de la Alemán para entregarle el material a un alto funcionario del Ayuntamiento de Mérida la noche del 17 de mayo.
Rubio Herrera expusó también que a fue como a principios del mes de mayo que escuchó hablar a su jefe en varias ocasiones y con diferentes personas sobre planear un operativo para tirar el ácido y culpar a gente del Gobierno del Estado.
Precisó que en varias de esas pláticas, Pérez Ballote recalcaba mucho evitar las cámaras de la policía y de hacerlo en camionetas Pick up.
Cuando acudió a la Fiscalía General Especializada (FGE) a declarar señaló todo lo que sabía por miedo a que lo involucraran en esta acción de su jefe ya que el solo escuchaba el plan pero nunca participó en este.
Cabe recordar que el dirigente blanquiazul Pérez Ballote señaló que durante la conversación que sostuvo con el señor Roger Moo Manzanilla, quien le reveló supuestos detalles del operativo, además de Andrés Ortiz, estaba acompañado de su chofer, Christopher Rubio Herrera quienes fueron citados a declarar.
En este sentido, se realizó una inspección a las empresas involucradas y también fue llamado a comparecer el ciudadano Juan Carlos Lara, el funcionario Sergio Vadillo Lora, los propietarios de OCME y la empresa que supuestamente vendió el ácido Serquisur.
